El mismo ducto fue afectado por una explosión que fue atribuida a los cocaleros en medio de conflictos sociales de 2019. El pago a los campesinos está dispuesto en la ley de hidrocarburos.
(#RadarEnergetico).- El 2008, en el proceso de construcción del Gasoducto Carrasco – Cochabamba (GCC), la entonces Transredes (hoy YPFB Transporte) y las Federaciones del Trópico de Cochabamba, firmaron un acuerdo de compensación por el impacto socio-ambiental que causaría la construcción del ducto y cuyos detalles fueron identificados en el Proceso de Consulta y Participación un año antes.
Hace unos días se difundió un video de un discurso del jefe de los cocaleros, Evo Morales, en el que decía que “las seis federaciones tenemos de compensación colectiva de YPFB Transporte más de 1 millón de dólares”, lo que causó inquietud y cuestionamientos.
En 2019, en medio de los conflictos sociales una explosión dañó 200 metros del mismo gasoducto. El daño causó una merma en la distribución de gas natural en Cochabamba, Oruro y La Paz. El ministro de Hidrocarburos de entonces, Víctor Hugo Zamora, cargó el hecho a un “atentado terrorista” puesto que la voladura causó serios destrozos.
Las autoridades de entonces tuvieron que pactar con las federaciones productoras de coca para que los equipos técnicos pudieran reparar el gasoducto.
Este viernes, YPFB Transporte, dirigido por el hasta dos semanas presidente de YPFB Corporación, Wilson Zelaya, emitió una nota informativa en la que dice que “la compensación financiera de $us 1,6 millones (Bs 11.1 MM) será invertida por las comunidades campesinas en proyectos de estaciones de servicio de provisión de gas natural, gasolina y diésel que beneficien a la zona de influencia del proyecto, con el 50 % otorgado en diciembre de 2021; quedando pendiente el desembolso del restante 50 %, condicionado a que se demuestre el avance físico y financiero correspondiente a los proyectos”.
La disposición establecida en el artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos #3058 dice que “cuando las actividades hidrocarburíferas se desarrollen en tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no, todo impacto socioambiental negativo directo, acumulado y a largo plazo, que las mismas produzcan, debe ser compensado financieramente por parte de los titulares de las actividades hidrocarburíferas, de manera justa, respetando la territorialidad, los usos y costumbres de los afectados, tomando como base, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y otros medios que permitan valorar los daños no cuantificables”.
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— YPFB Corp. (@YPFB_corp) January 8, 2022
YPFB Transporte complementa en su nota que “las comunidades campesinas, debido a problemas administrativos internos en 2009, no pudieron ejercer su derecho a la referida compensación. Sin embargo, a la fecha recibieron un 50 % del compromiso adoptado”.
Sin embargo, el daño causado por la explosión de 2019 y los costos por reparación asumidos por la misma empresa hasta ahora no tienen responsables identificados.
