La empresa considera que la tecnología disponible permite “garantizar la protección de los recursos hídricos subterráneos”.
El proyecto Domo Oso-X3, ubicado en la provincia O’Connor en Tarija, podría atravesar, como todos los pozos exploratorios, algún nivel de agua subterránea durante la perforación sin afectar acuíferos. La industria petrolera tiene estrictas normas para garantizar la protección de los recursos hídricos subterráneos y alta tecnología para evitar una posible contaminación, dice la empresa.
“Si se atraviesa un acuífero o aguas subterráneas, el equipo de perforación bajará una cañería de revestimiento y cementará las formaciones acuíferas, evitando el contacto entre diferentes fluidos. Dicho proceso se valida con registros eléctricos para verificar el correcto aislamiento, los trabajos previstos son de alta tecnología”, indicó Wilman Yabeta, vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB.
La industria petrolera cumple estrictamente las regulaciones y normativas ambientales relacionadas con la protección ambiental durante la perforación de los pozos, incluyendo la obtención de permisos ambientales.
“Los hidrocarburos que se descubran contarán con una tubería de producción dentro del pozo, la cual está aislada por otras cañerías de alto revestimiento y también cementada. De esta forma, el gas o petróleo que se halle fluirá dentro de la tubería de producción sin afectar a niveles de agua subterránea superficiales”, acotó la autoridad.
El pozo Domo Oso-X3 es muy importante para los bolivianos porque proyecta 2,8 trillones de pies cúbicos (TCF) de hidrocarburos, lo que se traduce en mayores ingresos para la zona y para el país. El mismo está ubicado a 1,2 km fuera de la reserva de Tariquía. YPFB y Petrobras son socios en este proyecto, resalta la empresa.
“Ante ello, el ingreso por parte de personal para el relevamiento de datos de campo es fundamental porque se busca obtener la licencia ambiental, que es la primera etapa del proyecto y nos permite de forma más precisa categorizarlo, realizar un estudio de evaluación de impacto medioambiental, programas de protección y una consulta pública”, precisó Yabeta.
