En 2022, produjo 327.000 toneladas (t) de concentrado de zinc-plata y 67. 000 t de plomo-plata.
En 2022, la Minera San Cristóbal aportó $us 402,1 millones en impuestos, regalías y patentes al Estado boliviano e invirtió más de $us 5 millones en medidas para mitigar el impacto ambiental y fomentar el desarrollo regional en áreas de intervención.
Los datos se muestran en el “Reporte de Sostenibilidad 2022”, documento que comparte información sobre el desempeño que registró la empresa en los ámbitos económico, social y ambiental.
“Santa Cristóbal es la operación minera a cielo abierto más grande de Bolivia y desarrolla sus operaciones en la provincia Nor Lípez, del departamento de Potosí dentro de un contrato minero con el Estado, con operaciones seguras, con tecnología de punta, con compromiso social y respeto por el medioambiente”, indica un reporte institucional.
En 2022, produjo 327.000 toneladas (t) de concentrado de zinc-plata y 67. 000 t de plomo-plata.
Sus cifras de desempeño económico muestran que las ventas de concentrado sufrieron una disminución del 23% ($us 194 millones) en comparación con la gestión anterior, por una caída de 138% ($us 269 millones) en el volumen de concentrado vendido.
“Esto se debió en gran medida a un incendio en el Puerto de Mejillones, Chile, ocurrido en el último trimestre de 2022”, señala el informe.
Sin embargo, los precios favorables del zinc en ese año compensaron en parte la disminución de las ventas. Como resultado, hubo un incremento del 38% ($us 75 millones) en el ingreso neto. A esto se suma que el año pasado la empresa no recibió multas o sanciones monetarias por incumplimiento de leyes o regulaciones.
Como parte de su política social, la firma implementó medidas para reducir el uso de agua y la generación de residuos para mitigar los impactos en la biodiversidad local. Más de $us 2,2 millones fueron dirigidos a obras civiles de drenaje de mina, regado de caminos, limpieza y mantenimiento de diques y remoción de top soil (capa superior del suelo fértil, copioso en minerales y nutrientes).
También se invirtió en la rehabilitación, revegetación y mantenimiento de áreas perturbadas por las faenas mineras, dentro y fuera del área de operaciones.
De acuerdo con el reporte, la empresa minera cumple con la legislación boliviana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y apoya el fortalecimiento de proyectos de desarrollo productivo, educación, salud e infraestructura en la región.
Sus inversiones en las comunidades aledañas a la operación minera llegaron a los $us 2,9 millones; se ejecutaron proyectos importantes como la electrificación rural Lípez, y la firma de actas de conciliación con las comunidades de San Cristóbal, Culpina K, Río Grande, Santiago K y Colcha K para el uso de la línea férrea por 20 años más.
Asimismo, optimizó aún más el trabajo coordinado con la comunidad de Culpina K dentro de la Comisión de Medioambiente, para el monitoreo y seguimiento de las actividades relacionadas con el manejo del depósito de colas y el control de los factores ambientales.
El Proyecto de Quinua continuó sus capacitaciones y asistencia técnica para la aplicación de técnicas y prácticas orientadas a la certificación, el Proyecto de Camélidos incrementó la producción de derivados de carne de llama y amplió el mercado para su comercialización, y el Proyecto de Vicuñas permitió capturar y esquilar un mayor número, con lo que se obtuvo más fibra bruta que en la gestión anterior.
El Proyecto de Turismo fortaleció a las unidades de negocio y se auspició su participación en ferias a nivel nacional; y el Proyecto de Educación alcanzó la graduación de 43 jóvenes con bachillerato técnico humanístico y la entrega de equipos de computación a una unidad educativa.
Rdc/Afbs/ABI
