La regalía del 11% es muy difícil cambiarla, por lo que el entrevistado propone hacer cambios en el IDH, con alícuotas progresivas dependiendo de la potencialidad y del plan de desarrollo del campo.

(#RadarEnergetico).- “La Ley de Hidrocarburos, promulgada en 2005, cumplió su ciclo y se deben hacer ajustes porque el sector de hidrocarburos requiere fuertes inversiones”. La frase pareciera venir de un analista crítico o de un político opositor al actual gobierno.

Sin embargo, fue dicha el 30 de noviembre por el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina en un contexto de reflexión y “autocritica” muy necesaria.

Empero, el análisis llega luego de un año de gestión de gobierno, en cuyo periodo los cambios a esa ley aún no se han puesto sobre la mesa de debate.

Sin embargo, el consenso entre analistas, abogados, empresarios y autoridades, expresadas en los últimos meses es que sí es prioritario realizar cambios de fondo.

“Se necesitan ajustes estructurales, medulares”, dice Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, entrevistado por Radar Energético.

Los problemas habitan en el ámbito legal, institucional, contractual y dentro de ello, sobre todo en el aspecto fiscal, es decir en los altos tributos que pagan las empresas de este sector.

En ese ámbito, actualmente el régimen fiscal establece una regalía del 11% para los departamentos productores, una regalía compensatoria para Pando y Beni del 1%, una participación del 6% para el TGN y el 32% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“Si a eso se suma la participación de YPFB en los contratos de operación y además se suma los impuestos del régimen general -IVA, IT, IUE- etc., las empresas petroleras, incluida las de YPFB, entregan al Estado boliviano en promedio el 81% de la renta hidrocarburífera”, dice Velásquez.

“Se aplica regalías e IDH (18+32=50%) a cualquier campo, no importa si es pequeño o grande, si es gasífero o petrolero, nuevo o maduro, obviamente esto hace muy difícil atraer inversiones”, se lamenta el analista.

PROPUESTA

En ese marco, ¿Qué cambios se podrían generar para destrabar este sector que aún tiene grandes potenciales y así darle vitalidad con nuevas inversiones?

La Constitución de 2009 establece la regalía del 11%, “eso es difícil de cambiar”. Entonces, sobre el 39% restante que no está ‘constitucionalizado’ y lo rige la ley de hidrocarburos, es donde se podría generar cambios.

Es así que –propone Raúl Velásquez- el 1% para los no productores, Beni y Pando, podría subir a 2% y beneficiar a todos los no departamentos productores. “El Tesoro General de la Nación (TGN), que tiene otras fuentes de ingresos, podría bajar del 6 al 5% y, el IDH en vez de tener una alícuota ciega del 32%, debería tener una alícuota basada en escalas móviles, progresiva en función del precio, del tipo de campo y del ciclo de vida de ese campo”.

En ese contexto, propone que se debería tener una alícuota para la fase de crecimiento del campo, otra para la fase de plenitud y otra para la fase de declinación. Esto en función del plan de desarrollo del campo y del tamaño de mismo. “No es equivalente un régimen fiscal para un campo que tiene 5 TCFs de reservas que para uno que tiene 0.9. Son temas que se debería debatir”, asegura.

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Bolivia, a la par de su dependencia de los hidrocarburos, tiene también una importante potencialidad, pero si no se generan las condiciones para aprovecharla “estamos condenados a una curva decreciente de producción de hidrocarburos y a una curva creciente en importación de gasolina y diésel”, complementa el académico.

Coincide con el ministro sectorial en cuanto a que la actual ley cumplió su ciclo porque no ha incentivado en absoluto la exploración.

“Más allá de algunos decretos supremos, de algunos parches, de incentivar la inversión vía precios, no ha funcionado”, dice.

Toda la producción actual de hidrocarburos es fruto de contratos firmados en la década de los 90s y renovados en 2006 luego del decreto de nacionalización.

“La realidad que vive hoy el sector hidrocarburos es el resultado de la política hidrocarburífera que está vigente desde mayo de 2005 cuando se promulgó la ley 3058 que está actualmente en vigencia”, finaliza el analista.

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