La caída de la producción en Bolivia genera alarma sobre la necesidad de retomar proyectos de integración energética.
Por André Leão.
El reciente interés de Brasil en explorar posibilidades de importar gas de esquisto del campo Vaca Muerta, en Argentina, ha puesto de relieve la importancia de revitalizar las iniciativas encaminadas a la seguridad energética regional y la integración física en América del Sur. Una de las principales motivaciones del gobierno de Brasil en este esfuerzo es la caída en la oferta de gas boliviano.
La reducción del suministro de la vecina Bolivia, obligó a Petrobras a renegociar el contrato de gas natural boliviano para garantizar un volumen de 20 millones de metros cúbicos diarios. No es nuevo que el futuro de las reservas de combustible de Bolivia sea un problema.
Según datos de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), de 2012 a 2021, los volúmenes de gas natural importados desde Bolivia por Brasil cayeron de 10,08 millones de metros cúbicos a 7,32 millones.
Este movimiento también representó una reducción del gasto brasileño, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC). En 2012, Brasil gastó aproximadamente 3.410 millones de dólares, mientras que en 2021 desembolsó 1.180 millones de dólares.
En 2023, el presidente boliviano Luis Arce declaró que las reservas de gas se estaban agotando, lo que significaría una interrupción en el flujo de exportaciones a Brasil y Argentina. Las expectativas son que, después de 2029, Bolivia se volverá dependiente de las importaciones. Esta situación debe representar un desafío para la integración regional. Después de todo, lo que está en juego es la seguridad energética de América del Sur.
Una de las soluciones propuestas para sustituir el gas boliviano y asegurar un suministro garantizado de combustible son, como se indicó inicialmente, las reservas argentinas.
En 2023, Argentina inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuyo primer tramo conecta el campo Vaca Muerta con la ciudad de Buenos Aires. Está previsto un segundo tramo, que se extendería hacia el norte del país, llegando hasta la provincia de Santa Fé.
A partir de ese momento, sería necesario ampliar el gasoducto para que pudiera llegar a suelo brasileño. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el presidente Lula (PT) afirmó que Brasil podría ayudar a financiar las obras del segundo tramo a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Sin embargo, tras la elección de Javier Milei, los planes de financiamiento quedaron a un lado.
Sin embargo, las administraciones de ambos países buscaron un acercamiento con el objetivo de profundizar la cooperación energética. En abril de este año, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Argentina, respectivamente, Mauro Vieira y Diana Mondino, se reunieron para discutir la posibilidad futura de importar gas argentino a Brasil.
Mondino afirmó que hay una alineación de intereses, dado que Argentina tiene la capacidad de producción que cubriría las necesidades de Brasil.
Vieira siguió la misma línea y afirmó que Brasil puede exportar insumos para la construcción de las siguientes etapas del gasoducto, lo que crearía condiciones para la llegada de gas al sur de Brasil.
De implementarse, una mayor cooperación entre Brasil y Argentina podría renovar los esfuerzos para profundizar la integración regional, aunque las diferencias ideológico-políticas entre los gobiernos actuales constituyen un obstáculo, especialmente en relación con qué tipo de integración se debe seguir.
Estas diferencias se hicieron evidentes a partir de mediados de la década de 2010, cuando los gobiernos progresistas dejaron el poder y fueron reemplazados por administraciones más conservadoras, lo que culminó con el debilitamiento de la llamada “ola rosa”.
De esta manera, la Unasul, institución central, creada con el objetivo de promover una mayor integración entre las naciones sudamericanas, quedó vaciada y dio paso al Prosul, un acuerdo que apenas despegó y que careció de institucionalidad. La Unasur era importante porque no era sólo un instrumento de integración política.
Su estructura, formada por consejos, abarcó varios temas estratégicos, como la integración energética. El Consejo de Infraestructura y Planificación (Cosiplan) absorbió la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), mecanismo que tuvo como objetivo profundizar la integración regional desde diferentes áreas y ejes geográficos.
En el ámbito del Cosiplan/IIRSA se definieron grupos de trabajo para estructurar temas relacionados con la infraestructura de transporte, pero uno de ellos estaba destinado únicamente al sector energético, el denominado Grupo Energía.
En el plan de actividades del Cosiplan/IIRSA ya estaba prevista la implementación de varios proyectos destinados a garantizar una mayor seguridad energética en los países de América del Sur.
Entre ellos destacó el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que fue el más grande del Eje Mercosur. Formaba parte de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración y permitiría la interconexión entre las reservas de gas argentinas y bolivianas.
La caída de la producción de gas boliviana hace saltar las alarmas sobre la necesidad de retomar proyectos de integración energética. El agotamiento de las reservas del país andino es una realidad que es necesario afrontar con urgencia.
Y garantizar la seguridad energética regional pasa ciertamente por profundizar los vínculos de cooperación, lo que pasa por recuperar el objetivo de integrar las infraestructuras físicas del continente sudamericano mediante la ejecución de proyectos nuevos y de los que ya se habían diseñado anteriormente.
Sin embargo, la duda que queda es si las diferencias de orientación ideológica y política no afectarán un posible nuevo emprendimiento hacia el suministro y desarrollo energético de América del Sur.
Este artículo expresa exclusivamente la posición del autor y no necesariamente la de la institución para la que trabaja o se vincula.
Por: André Leão
Es investigador del Ineep (Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles) y doctor en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (IESP-UERJ).
