De hecho, una transición justa debe incluir a todos los sectores de la sociedad y garantizar que nadie se quede atrás, sostiene Fernando Zancan.
Por: Fernando Luiz Zancan
Según Helena Verdolini, de la Universidad de Brescia, diseñar una transición energética justa requiere esfuerzos globales en varios niveles. “Requiere que científicos, formuladores de políticas y el sector privado se sienten en la misma mesa. Es necesario dar voz a cada sector de la sociedad”, argumenta el profesor.
Hoy, en Brasil, escuchamos mucho sobre transición energética, pero muy poco sobre una transición energética justa. Según Verdolini, el término más completo nació en los años 1980 por sindicalistas estadounidenses, cuando Estados Unidos endurecía las normas medioambientales y cerraba sectores especialmente contaminantes, como la producción de amianto o de productos químicos.
“La transición justa, en este contexto, consistió en regular el sector contaminante, pensar en las personas que se quedarían sin trabajo y poner en marcha medidas para compensarlo”. En otras palabras, la transición sólo será justa si es para todos.
Hoy, en el contexto del cambio climático, la Comisión Europea define una transición justa como un proceso en el que nadie se queda atrás. El concepto es más amplio, va mucho más allá de los trabajadores e involucra a las comunidades y la economía de las regiones afectadas. Por tanto, la transición energética justa se centra en las personas.
El proceso involucra pilares como gobernanza, marco legal estructurado, planes de acción que pertenecen al Estado y no al Gobierno, recursos financieros y entidades ejecutoras, donde las partes interesadas están liderando todo el proceso.
En el sector del carbón tuvimos ejemplos de transición injusta, donde un decreto del Ministerio de Minas, en septiembre de 1990, puso fin a la producción de carbón metalúrgico nacional, desocupando a miles de personas en la región sur de Santa Catarina.
En 2017, en Rio Grande do Sul, la planta de Charqueadas fue desactivada, provocando desempleo y empobreciendo una región carbonífera. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar para diseñar un proceso organizado de transición energética justa, pensando en las personas y la economía de las regiones de Minas Gerais.
Las centrales térmicas a carbón, que representan el 0,3% de las emisiones brasileñas de gases de efecto invernadero, son las que tienen uno de los costos de generación más baratos. Además de contribuir a la seguridad y confiabilidad de la energía eléctrica, representan un gran ahorro para los consumidores.
Según estudios de la consultora Thymos Energia, la operación del Complejo Termoeléctrico Jorge Lacerda (740 MW), de 2006 a 2021, generó ganancias de R$ 13,2 mil millones para los consumidores brasileños.
Como la transición energética justa es un proceso de transformación ecológica y tecnológica, recursos de R$ 10 millones por año –destinados a I+D, a través de la Ley 9991/2000– pueden generar, hasta 2050, una industria carbono neutral, como lo determina la legislación brasileña y prevé para el Acuerdo de París.
Estamos seguros de que el proceso de contratación de plantas de carbón, que actualmente se discute en el Senado Federal, además de cumplir con los conceptos de una transición energética justa y centrada en las personas, contribuirá a un mejor uso de los recursos energéticos minerales. Todo ello contribuirá a la seguridad energética, los bajos costes tarifarios y el desarrollo económico y social, sin dejar a nadie atrás.
Por: Fernando Luiz Zancan
Presidente de la Asociación Brasileña de Carbono Sostenible (ABCS)
