La justicia denegó una Acción de Amparo Constitucional contra un tribunal que dejó sin efecto una sentencia que obligaba a Petrobras Bolivia S.A. a pagar $us 61 millones por concepto de “uso de propiedad agraria” en el Campo San Alberto. El Gobierno lo muestra como una garantía jurídica para las empresas extranjeras. En el sector petrolero se consideró la sentencia inicial como desproporcionada y sin fundamentos.
El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, destacó el fallo de la Sala Constitucional Primera de Tarija, que Denegó una Acción de Amparo Constitucional presentada contra los miembros de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional, instancia que en junio de 2021 dejó sin efecto la sentencia que obligaba a Petrobras Bolivia S.A. a pagar $us 61 millones por concepto de “uso de propiedad agraria” en el Campo San Alberto (Región Autónoma del Gran Chaco). De este modo, la justicia boliviana ratifica las garantías jurídicas para las empresas extranjeras que invierten en el país.
“Para el Gobierno es muy importante destacar el alto sentido de responsabilidad que ha tenido la mencionada Sala Constitucional Primera al actuar conforme a derecho. Esta decisión de la justicia boliviana es trascendente porque evidencia la seguridad jurídica que existe en el país para las inversiones externas, especialmente en el sector de hidrocarburos”, expresó el ministro Molina.
Molina también enfatizó que su despacho realiza un minucioso seguimiento de este caso, mediante los equipos de abogados del Ministerio y YPFB, por las implicaciones económicas que el caso tiene, especialmente por tratarse de una operación petrolera donde YPFB es socia a través de la empresa YPFB-Andina.
El campo San Alberto entró en producción de gas y petróleo el año 2000. Este yacimiento es operado por Petrobras Bolivia S.A. y tiene como socios a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) – Andina y la empresa Total Energies.
Con información del Ministerio de Hidrocarburos y Energía
