El gasto corriente sigue aumentando (12%) y la inversión continúa hacia la baja. Se presenta nuevamente una disminución de los ingresos por hidrocarburos, en un contexto de disminución de la producción. “Se deja un mayor problema para el futuro, con más gastos, más deuda y lo último de las reservas en garantía”.
El proyecto de Presupuesto General del Estado 2025, según la información disponible, muestra la misma tendencia que las observadas en los presupuestos de los últimos años, a pesar de la crisis que atraviesa el país, que tiene entre sus causas justamente la expansión constante del gasto público, y consecuente déficit y endeudamiento.
Inicialmente, por el lado de los ingresos, se proyecta un incremento significativo de los ingresos tributarios con relación al presupuesto 2024. Si bien este incremento nominal de 18% estaría, en parte, explicado por el aumento de la inflación (la inflación para 2025 se ha proyectado en 7,5%), se estaría programando un incremento real de las recaudaciones; sin embargo, queda en cuestión si realmente se llegará a generar un aumento de las recaudaciones en el actual contexto económico complicado, de lo contrario el déficit real será mayor.
Con relación a los ingresos de la renta de hidrocarburos (IDH y regalías), estos recursos registrarían nuevamente una disminución de aproximadamente 15% respecto al presupuesto 2024. La tendencia de estos ingresos no solamente depende de los precios internacionales, sino también de los volúmenes de producción, que han estado disminuyendo en los últimos años.
Las transferencias a gobiernos subnacionales por coparticipación de impuestos y regalías resumen la tendencia de los ingresos en general. De acuerdo con las proyecciones, registrarían prácticamente el mismo nivel que el 2024, con un incremento nominal de aproximadamente 1%.
Con relación a los gastos, nuevamente se observan dos tendencias, que por cierto se han mostrado en los últimos años: por un lado, los gastos corrientes continúan incrementándose (en 12% con relación al año pasado); y, por otro lado, la inversión pública disminuye (-5,8).
Al respecto, además que se tiene un monto programado de inversión pública de 4.024 millones de dólares, menos de lo presupuestado en 2024; habrá que observar la ejecución de la inversión pública que, en general, en años anteriores estuvo muy por debajo de los niveles inicialmente programados.
La subvención a hidrocarburos llegaría a Bs 15.156 millones, aproximadamente 50% más que el presupuesto 2024.
Como resultado de los ingresos y gastos previstos, el PGE 2025 tiene programado un déficit fiscal de 9,2% del PIB, bastante profundo al igual que el registrado en los últimos años, y a pesar de haber inscrito un incremento notable de los ingresos tributarios; lo que refleja la compleja situación por la que atraviesan las finanzas públicas en términos de la sostenibilidad.
Al efecto, nuevamente el presupuesto tiene programado mayor endeudamiento. Particularmente, el endeudamiento interno es mucho mayor al del presupuesto 2024, autorizándose créditos del Banco Central a favor del Ministerio de Economía a través del Tesoro General de la Nación, destinado a financiar sus obligaciones de corto plazo.
El proyecto de Ley del Presupuesto 2025, revela la desesperación del Estado por acceder a financiamiento, principalmente de divisas. Entre la deuda externa programada, el proyecto de Ley del PGE 2025, en su texto, autoriza nuevamente la contratación de deuda a través de títulos valor en mercados de capital externos, conocidos como “bonos soberanos” por un monto de 3.000 millones de dólares. Estos recursos serían para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos; es decir, de libre disponibilidad y/o para pagar deuda. En este proyecto de ley se incluye la autorización de préstamos con garantía, esto refleja la situación del país en términos de riesgo y, por tanto, la dificultad de acceder a financiamiento.
El texto del proyecto de ley, autoriza al Banco Central de Bolivia a poner en garantía las reservas de oro; es decir, las 22 toneladas restantes, como garantía para el endeudamiento público. Esta es una determinación muy preocupante puesto que, ante la dificultad que tiene el Estado en términos del agotamiento de las Reservas Internacionales o divisas para cumplir con sus obligaciones y necesidades, significaría tomar deuda con el alto riesgo a futuro de perder estas reservas en oro, ante la imposibilidad para poder pagar esas obligaciones.
Asimismo, se autoriza un crédito de 400 millones de dólares con la CAF, como crédito contingente, para la atención de choques externos y/o emergencia o desastre nacional. Y se autorizan operaciones en mercado de carbono (créditos o bonos de carbono), incluyendo transferir, dar en garantía y efectuar ventas a futuro.
Finalmente, el proyecto de presupuesto se sostiene en proyecciones macroeconómicas tal vez demasiado optimistas considerando las tendencias, como ser una inflación de solo 7,5% (siendo que para 2024 se habría sobrepasado este porcentaje); y un crecimiento del PIB de 3,51%, muy por encima de las proyecciones de organismos internacionales.
El Presupuesto 2024 muestra la misma orientación y resultado de las finanzas públicas de años anteriores, esto es un profundo déficit fiscal y mayor endeudamiento; a su vez mayor gasto corriente y menor inversión pública.
Si bien el Órgano Ejecutivo habría presentado el proyecto de Presupuesto a la Asamblea Legislativa a finales de octubre de 2024, recién a finales de noviembre este habría sido recibido por la Comisión correspondiente. Queda la preocupación del análisis y debate que debería tener el Presupuesto por los Asambleístas Nacionales previo a su aprobación, por tratarse de un tema de tanta importancia; puesto que la Constitución establece que el proyecto de ley del Presupuesto deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de sesenta días, en caso de no ser aprobado en ese plazo, el proyecto adquirirá fuerza de ley y entrará automáticamente en vigencia desde enero de 2025.
Este es el último presupuesto de la actual gestión de gobierno, y lamentablemente no se ve una reflexión en sentido de realizar los ajustes o reformas necesarias como es la reducción del gasto y velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. No hay un sinceramiento sobre la situación de la economía y el Presupuesto 2025 revela que finalmente acaban postergando el ajuste y por tanto agrandando el problema a futuro.