Control de información, escasez de data permanente, incumplimiento de leyes y, presiones, marcan el comportamiento de las instituciones estatales del sector hidrocarburos en los últimos 15 años. Hace cinco años que no se publica la certificación de reservas de hidrocarburos.
(#RadarEnergetico).- Después de cinco meses de silencio, el Banco Central de Bolivia presentó a mediados de julio los datos de las Reservas Internacionales Netas, un indicador clave que históricamente fue mostrado cada semana.
Sin embargo, los datos presentados tenían cifras solo hasta el mes de abril. Una información escueta, incompleta y desactualizada.
Este comportamiento de no disponer de información pública de los indicadores y cifras del Estado, ha sido una constante en los últimos 15 años y mucho más acentuado en la última década.
Las autoridades han buscado controlar la información y entregarla en notas de prensa, enfocadas en mostrar lo que conviene y no en lo que puede ser de interés público.
Para simular transparencia, en el Gobierno de Evo Morales se dispuso la realización de Audiencias Públicas de rendición de cuentas cada seis meses en todas las entidades del Estado.
Es así que de manera periódica los ministerios y reparticiones estatales, presentan a sus invitados una serie de números con poca rigurosidad, sin una serie histórica idéntica con rigor estadístico en todas las presentaciones y tampoco una lectura crítica de la realidad. Es decir, funciona como propaganda.
“Todo Estado debería ser muy transparente con toda la información pública no solamente para saber cómo estamos sino también como proyectamos esos números los investigadores, tanto desde el punto de vista político, económico, social y ambiental”, dice Álvaro Ríos, analista en temas de hidrocarburos y Director de la consultora GELA, la cual hace amplios análisis sobre energía y para cuyo propósito, el no tener información transparente se convirtió en un problema.
Precisamente en el área petrolera, sector vital para el comportamiento económico del país, en las últimas dos décadas la información se fue limitando a medida que pasaban los años y a medida que la situación se tornaba más compleja y menos conveniente para los fines estatales.
Históricamente, desde los años 70 en adelante, la empresa estatal YPFB entregaba informes bimestrales con información estadística al detalle; campo por campo, producto por producto, empresa por empresa, departamento por departamento, metros perforados, líneas sísmicas tendidas, etc.
Desde la llegada de Evo Morales al poder, y con él sus políticas, esta información se fue restringiendo, al punto que desde 2010 la data fue mermando, y se conoce que en 2011 fue la última vez que se publicó este informe bimestral detallado.
En las gestiones que van del 2010 en adelante, los medios de comunicación especializados en la cobertura del sector petróleo y gas comenzaron a experimentar una restricción paulatina y sistemática de información.
“Dado que YPFB se convirtió en el actor protagónico de la industria, luego de la llamada ´Nacionalización de los hidrocarburos´, las operadoras privadas optaron por derivar cualquier tipo de comunicación a la estatal petrolera”, recuerda José Miguel Sánchez, entonces Director periodístico del Semanario Energy Press, por ese entonces, el principal referente informativo del sector petróleo y gas del país.
“Los requerimientos periodísticos referidos a la política energética, los mercados de exportación o los proyectos de carácter estratégico, debían ser canalizados a través del departamento de comunicación de YPFB. En la mayoría de los casos, dichos requerimientos eran desestimados, salvo que fueran pertinentes a la agenda informativa de YPFB o del Ministerio de Hidrocarburos y Energía”, añade Sánchez.
Mientras los datos son buenos la información fluye, pero cuando las cosas cambian, el control se hace más cerrado y el acceso a la información es tan limitado que termina teniendo muchos puntos ciegos que evitan el análisis periodístico y la crítica.
CICLOS
Entre los años 2004 y 2014 el país vivió un periodo histórico de ingresos fiscales por concepto de renta petrolera, impulsado tanto por el “superciclo” de precios internacionales del petróleo -que incrementó los precios de exportación del gas natural boliviano- como por la decisión del gobierno nacional de explotar de forma acelerada las reservas hidrocarburíferas que habían sido descubiertas a finales del siglo XX.
En ese periodo, abundaron las conferencias de prensa de autoridades sectoriales, así como las publicaciones oficiales que mostraban el incremento en la producción, los volúmenes exportados y los ingresos fiscales por concepto de regalías e IDH. De hecho, YPFB publicaba rigurosamente cada trimestre estas cifras y en la página web de YPFB Transporte era fácil ver los volúmenes de gas natural que eran transportados a los mercados de destino, a diario.
Sin embargo, desde agosto de 2014 cayeron los precios internacionales del petróleo y, por lo tanto, cayeron también los precios de exportación del gas natural boliviano y, desde el año 2015, cayó también la producción tanto de gas natural como de hidrocarburos líquidos; generando una disminución en los ingresos por regalías e IDH que no ha podido ser revertido hasta la actualidad.
“Lamentablemente, junto con esta caída de producción, precios e ingresos fiscales, también cayó la transparencia y acceso a información sobre el sector hidrocarburos. YPFB decidió dejar de publicar trimestralmente el boletín informativo que ponía a disposición del público en su página web, también retiró la información diaria de comercialización de gas natural del portal de YPFB Transporte y las conferencias de prensa fueron disminuyendo su frecuencia”, enfatiza Raúl Velázquez, investigador en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo.
Asimismo, los habituales articulistas energéticos optaron por abordar temas globales, no nacionales, o simplemente, dejar de publicar para evitar todo tipo de represalias.
Como consecuencia, la prensa e instituciones de investigación usualmente utilizan información provista por agencias estatales de Argentina o Brasil para conocer los volúmenes de venta de gas natural a esos países, dado que Bolivia no publica esta información de manera regular.
“No había información actualizada y periódica sobre costos recuperables o producción de hidrocarburos. Había que acudir a estadísticas que publica la gobernación de Santa Cruz”, indica Marco Belmonte, ex periodista de Página Siete, medio que cerró sus puertas debido a la asfixia económica.
En ese contexto, “la única voz en el sector hidrocarburos terminaba siendo la de YPFB, que siempre tuvo una tendencia a comunicar desde una postura de empresa pujante que era el motor de la economía boliviana”, dice Sánchez.
“El ocultar la información para que no esté disponible es una debilidad del sistema que gobierna, probablemente para confundir a la población y decirle cosas que no están acordes con la realidad, con lo que está pasando en todos los ámbitos como minería, energía, salud, finanzas, etc.”, agrega Álvaro Ríos.
Velázquez recuerda que el sector hidrocarburos en los últimos 8 años ha experimentado un significativo retroceso en materia de acceso a información sectorial, de hecho, YPFB incumple con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley Nº3740 de agosto de 2007 sin ninguna consecuencia para sus autoridades.
Asimismo, desde el año 2021 la empresa petrolera estatal ha suscrito Adendas a los contratos de exportación de gas natural tanto con Brasil y Argentina, que no han sido publicadas, aduciendo la presencia de una cláusula de confidencialidad, “lo que contradice el artículo 359 de la Constitución” que establece que los hidrocarburos son de propiedad del pueblo boliviano, por lo que estos recursos estarían siendo gestionados y comercializados a espaldas de su verdadero dueño.
“Cuando en los últimos años hubo denuncias contra YPFB, se solicitaba contraparte y no había respuesta. Tanto en YPFB como Ministerio de Hidrocarburos no atienden solicitudes de contraparte en denuncias”, explica Belmonte.
PRESIONES
Una forma de presionar para que la data real no llegue a manos del público, es no darle información o hacerlo de manera escueta o sesgada.
Sin embargo, en caso que el enfoque de cualquier contenido publicado en los medios especializados fuera contrario a la versión estatal, existían formas de presión ligadas a la inversión en pauta publicitaria en el medio. “Esto generaba un estrés laboral y el riesgo permanente de asfixia económica con el impacto directo en los trabajadores de los medios”, recuerda Sánchez.
Las presiones llegan incluso al extremo de la autocensura. Es decir, que el propio periodista o medio se frena antes de publicar una noticia que pueda “lastimar” la sensibilidad del poder de turno.
En el fondo, pareciera ser parte de un esquema para controlarlo todo y donde se estableció como una política la ´institucionalización de la desinstitucionalización´ para que estas sirvan a los intereses de los burócratas de turno y no a los intereses de la población, en cuyo punto, la información es clave.
“Con el ocultamiento de la información se intenta hacer prevalecer una verdad que no es la que dicen las cifras y los datos reales”, concluye Ríos.
