Por: ÁLVARO RÍOS ROCA
Si nos retrotraemos y miramos noticias de energía de Bolivia entre 2014 y 2019 podemos encontrar: https://www.energiaestrategica.com/bolivia-reactiva-su-plan-para-ser-el-… u otra como https://www.la-razon.com/lr-article/ministro-sanchez-hemos-encontrado-un…
Los que algo conocemos de este sector discrepábamos y entendíamos que estas declaraciones eran eminentemente políticas y que por el contrario el panorama que se visualizaba era bastante desolador en materia energética. Las proyecciones de reservas y producción de hidrocarburos, así como la situación con los mercados vecinos, indicaban que nos encaminábamos, más bien, a ser el corazón importador de energía en Sudamérica.
El tiempo nos ha dado la razón y este 2022, muy probablemente, Bolivia pasará a tener su primer déficit comercial en materia energética. Este déficit ya es estructural, será mayor cada año, a no ser que muy rápidamente se encare una reforma al sector energético y se dé incentivos efectivos a la exploración, en particular.
Las importaciones de gasolina y diésel van en notable aumento desde hace varios años. Este 2022 se importará 66% del diésel y 40% de la gasolina (impactado por el etanol). En media década, para 2027, la importación subirá a 80% en diésel y 58% en gasolina (impactado por el etanol). Al ritmo que vamos, en un par de años más, se comenzará a importar GLP y en menos de una década se comenzará a importar gas natural. Obviamente si no se hace algo, como ya hemos manifestado.
Se pasó de exportar a Brasil y Argentina, en promedio, 46,7 Millones de Metros Cúbicos Día (MMMCD) en 2014 a 29,4 MMMCD este 2022. En 2027 sólo habrá capacidad exportadora de 19 MMMCD. Una caída promedio de 4,57% anual en volúmenes exportados proyectados.
La pregunta del millón es si el país está preparado o puede darse el lujo de dejar de exportar gas natural y GLP, además de importar todas sus necesidades energéticas y de hidrocarburos por los próximos 20/30 años, y más aún, ¿subsidiarlas? Personalmente creo que no, por el fuerte impacto a la economía y a las divisas que se necesitan para estas importaciones y con cada vez más menguantes exportaciones.
En materia económica es tan imperiosa una reforma al sector energético, para incentivar principalmente un nuevo ciclo exploratorio, como es tan imperiosa una reforma al sistema judicial en materia social. Matamos la gallina de los huevos de oro, que es la exploración, con elevada carga tributaria al sector (IDH, regalías y otros), con fuertes subsidios a la producción de hidrocarburos y con extrema burocracia en YPFB, fruto de la famosa “nacionalización”.
Éstas son las causales que deben atacarse de manera urgente en una reforma profunda para fomentar la exploración. Aún se puede, porque Brasil seguirá demandando gas natural con excelentes precios y existe infraestructura desarrollada. Al final del día, 32% de IDH u 11% de regalías con cero de producción sigue siendo cero, ¿no es cierto? Importar petróleo para hacer funcionar las refinerías ayuda, como también auxilia importar por ducto, pero no son soluciones estructurales.
Apoyamos las gestiones actuales del Gobierno y del sector productivo para que el etanol en una mezcla de 10 a 12% (apto para casi todos los vehículos) llegue a todo el país y ayudar a reducir importaciones de gasolina, así se disminuirá el desperdicio de dólares y multiplicará el empleo productivo.
En biodiésel, deberíamos emular lo del etanol, que el sector privado siembre, acopie materia prima y construya las plantas para una mezcla permitida de hasta un 10 a 15%. No comprometer los alimentos en energía debería ser una premisa. No estoy de acuerdo en que el Estado siga invirtiendo en más empresas y emprendimientos productivos, porque los resultados están a la vista. La planta de urea, operada por YPFB, está parada nuevamente desde el 27 de septiembre. Nunca ha funcionado a más de 50% de su capacidad desde 2017 y en estos seis años su capacidad de producción promedio ha sido de 26%. Lamentable.
Se debe modificar el DS N° 4477 de Generación Distribuida, a fin de posibilitar el incremento de la potencia instalada en Bolivia de energías alternativas (solar, eólica y biomasa) del máximo de 350 kW a valores mayores como los existentes en Chile (9 MW), Perú (10 MW) y Brasil (5 MW). Esta modificación permitirá al sector privado invertir para reducir el consumo de gas natural y combustibles líquidos en el país.
No lleguemos al abismo para tomar decisiones.
Álvaro Ríos Roca, es analista en temas de energía y Socio Director de Gas Energy Latin America
