Pobladores del norte paceño tomaron medida en contra de los administradores de un surtidor. Se cree que hay una mafia organizada, en complicidad con autoridades locales.
(#RadarEnergetico).- Indígenas Tacana utilizaron este jueves la justicia comunitaria, castigando con el cepo a responsables de un surtidor y, a un chofer, que debería abastecer de combustibles a la zona del norte de La Paz, en particular de la población de Tumupasa, capital de la nación originaria, en el distrito de San Buenaventura, provincia Abel Iturralde.
El motivo es que el surtidor en los últimos meses, permanentemente avisa escasez o desabastecimiento, pese a que su cupo mensual es de 390.000 litros de diésel y 120.000 litros de gasolina, igual a 2.327 barriles y 754 barriles, respectivamente.
Sin embargo, sólo llegaba a la población de manera mensual alrededor del 10% del combustible asignado y despachado en el centro de almacenaje de YPFB en Senkata, El Alto de La Paz.
Ante esta situación, a la cabeza del Corregidor local, Romer Vargas, los pobladores exigieron a los administradores del surtidor mostrar las hojas de ruta de las cisternas que transportan el combustible. “En la madrugada en el surtidor pudimos evidenciar que llegó una cisterna con capacidad para 24.000 litros de gasolina, sin embargo, solo había aproximadamente 8.000 litros. Esto no coincide con las hojas de ruta”, declaró Piter Martínez, dirigente de Control Social del Distrito de Tumupasa.
“Estamos cansados de la escasez de combustibles en la región y no es porque no haya, es porque lo ´contrabandean´”, dijo Martínez a Radar Energético.
MODUS OPERANDI
Según los denunciantes, el combustible que no es entregado en su destino legal, es entregado a actividades mineras en la zona de Guanay y Caranavi debido a que esta paga precios de hasta tres veces más que los Bs. 3,74 de la gasolina o los Bs. 3,72 del diésel.
Según denuncias llegadas a nuestra mesa de redacción, las cisternas llegan a destino, descargan de madrugada sólo un porcentaje de lo que deben entregar, porque el resto ya fue comercializado a cooperativas y empresas mineras a decenas de kilómetros del lugar.
Después de generar el castigo comunitario, los pobladores entregaron al chofer de la cisterna a la Policía Nacional y ahora esperan la intervención de la fiscalía, con sede en Ixiamas, para activar acusaciones en contra de los responsables del surtidor y de lo que llaman una mafia organizada, que incluso tendría ramificaciones con algunas autoridades locales, lo que está dejando desabastecidos de diésel y gasolina a varios pueblos del norte amazónico de La Paz y de la zona colindante con Beni, como Rurranabaque y Reyes.
“Todo el combustible es desviado a la minería ilegal”, apuntó Martínez.
Hace unos días, medios locales de Rurrenabaque también reportaron largas filas en los surtidores. Este medio pudo conocer que el motivo es el mismo.
Los pobladores dicen que actuaron de esa manera ante la impasividad de las autoridades y cansados de no contar con el combustible necesario para las actividades económicas de la región, entre ellos la ganadería, la agricultura y el transporte.
OTRO CASO
El presidente Luis Arce denunció este jueves el desvío desde un solo surtidor en La Paz de al menos 350.000 litros de carburantes por mes, lo que muestra -aseguró- las acciones de especulación y agio de combustibles con una intencionalidad de afectar al Gobierno nacional, según reporta la agencia ABI.
“Un camión cisterna que, en complicidad con la estación de servicio Full Tank, en la localidad de Achica Arriba, Viacha, en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, desviaba 350.000 litros por mes», dijo el presidente.
De acuerdo con la ANH, al menos el 30% de combustible que comercializaba la estación de servicio intervenida era desviada a actividades ilícitas.
