El CIADI también rechazó la compensación de 154 millones de dólares reclamada por Kaloti y ordenó a la empresa pagar más de 3,5 millones de dólares a favor de Perú.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de Perú en una disputa de una década con el comerciante de oro Kaloti Metals & Logistics, LLC.
Entre 2013 y 2014, Kaloti acusó a Perú de violar disposiciones del Acuerdo de Promoción Comercial (TPA Perú-Estados Unidos), debido a la incautación temporal de cinco cargamentos de oro destinados a ser exportados desde Perú a Estados Unidos pero cuyos orígenes no estaban claros. Las autoridades peruanas suspendieron el acuerdo comercial alegando que el oro podría haber resultado de operaciones mineras ilegales.
Por lo tanto, el comerciante de metales preciosos con sede en Miami también acusó a Perú de difamación y de “arruinar su reputación” a nivel internacional.
Sin embargo, el CIADI rechazó todas las reclamaciones por falta de jurisdicción y ordenó al demandante reembolsar al Estado peruano todos los costos legales asociados al caso, incluido el 100% de los honorarios cobrados por abogados y peritos.
En su defensa, Perú argumentó que los reclamos de Kaloti estaban fuera de la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje por varias razones, incluido el hecho de que el demandante no había demostrado que poseía o controlaba una inversión cubierta bajo la protección del TPA Perú-Estados Unidos.
El Estado peruano también señaló que la compra de los cargamentos de oro en cuestión por parte de Kaloti constituyó una transacción puramente comercial que no cumplió con las características que debe reunir una inversión según lo estipulado en el TPA y el Convenio del CIADI.
El país andino indicó que ninguna de las medidas tomadas por las autoridades eran contrarias a las obligaciones del país bajo el TPA Perú-Estados Unidos y que eran razonables y justificables ya que respondían al marco legal existente para abordar la minería ilegal y el lavado de dinero.
El CIADI también rechazó la compensación de 154 millones de dólares reclamada por Kaloti y ordenó a la empresa pagar más de 3,5 millones de dólares para cubrir los honorarios y gastos legales incurridos por Perú, así como casi 368.000 dólares por costas procesales.
