Un decreto supremo amplió a 104 las áreas exploratorias a favor de YPFB. El abogado especializado en gas y petróleo, Iver von Borries analiza la norma.
(#RadarEnergetico).- El 11 de febrero reciente, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 4667 con el que amplía las áreas exploratorias reservadas para YPFB -para- según el Ministerio de Hidrocarburos, “dinamizar las operaciones petroleras en estas zonas y las oportunidades que permitan la captación de nuevas inversiones para el sector por parte de la estatal petrolera, sus filiales y empresas operadoras”.
“Con esta norma, el número de áreas reservadas a favor de YPFB asciende a un total de 104, para que desarrolle distintas actividades de exploración y/o explotación tanto en áreas de interés hidrocarburífero en la Zona Tradicional y la Zona no Tradicional de nuestro país”, explicaba el ministro del sector, Franklin Molina.
Ya en 2007, el Decreto 29130 asignaba a YPFB 21 áreas con un total de 5,73 millones de hectáreas. En los siguientes años la asignación se fue incrementando a través de sendos decretos hasta llegar a febrero de 2022, con cuya ampliación se sube a 27 millones de hectáreas el espacio territorial con interés petrolero, reservado para YPFB.
Sin embargo, el acaparamiento de más áreas a favor de una empresa que debiera ser una competidora más en el sector, ¿servirá para el propósito de atraer más inversiones?
“La pregunta es si YPFB tiene la capacidad de desarrollar estas áreas y la respuesta es no”, dice el Iver von Borries, jurista especializado en gas y petróleo con más de veinte años de servicio independiente y Socio Director de Wayar & von Borries Abogados, en dialogo con Radar Energético.
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“Hay que ser claros y sinceros en las respuestas y creo que debemos saber dónde estamos pisando como país sobre todo en un área estratégica como lo es petróleo y gas”.
“Lo que se pretende es que solo YPFB pueda explorar y luego explotar esas áreas. Que vaya hacerlo sola es una cuestión estratégica, pero no es real”, asegura el abogado
En ese marco, recuerda que desde hace muchos años se viene insistiendo en la necesidad de generar no solamente normas, aunque son necesarias, sino un ambiente favorable para la atracción de inversiones que se traduce en una imagen positiva que tiene el país hacia el capital externo.
“Las normas pueden ser muy buenas en su intención, pero si no se las puede efectivizar, no resultan pragmáticas y se quedan en el papel”, dice el abogado.
¿AYUDA O PERJUDICA EN LA INTENCIÓN DE ATRAER INVERSIONES?
“La intención siempre es buena, el problema es que para que se logre dinamizar al sector, chocamos con que Bolivia no es lo suficientemente atractiva para las inversiones extranjeras, esto es así de simple”, analiza Von Borries.
“Mi perspectiva es que Bolivia, en tanto y en cuanto no sea lo suficientemente atractiva para la inversión extranjera, la realidad no va cambiar”, complementa.
Según el jurista la seguridad jurídica no se logra con una norma. Es un concepto mucho más complejo que tiene muchas más variables que hacen parte integral de ella, que la convierten en imprescindible para que alguien venga e invierta en Bolivia.
“Si no ofreces las condiciones especialmente jurídicas, que es ahí donde nace todo, lamentablemente no va llegar la inversión y la industria no se va desarrollar”, sentencia Von Borries.
