El cupo de combustibles para surtidores del norte de La Paz es desviado a la minería ilegal. Varios casos de irregularidades se conocieron esta semana.
(#RadarEnergetico).- “Bolivia paga un precio descomunal por los combustibles”, decía el presidente Luis Arce el 28 de noviembre en un acto público, en un intento de sinceramiento de las cuentas que el país debe pagar por la importación de estos insumos, que en 2022 alcanzó a 4.320 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones fueron subvencionados por el Estado, la cifra más alta de la historia.
La subvención ocurre debido a que el precio al que se compra el combustible en el mercado internacional es menor al que se comercializa en los surtidores de Bolivia. La diferencia, cada vez más alta en los últimos años por la subida del precio del petróleo, es un problema fiscal sin soluciones a la vista debido a que la producción nacional ha caído en más del 40% en la última década.
Al problema de las cuentas fiscales se añaden otros problemas que no son menores y que han provocado desde hace meses, reducción de volúmenes en algunas zonas, especialmente en provincias, y desabastecimiento en otras.
Cuatro casos surgidos en los últimos días son muestra de que en la distribución de combustibles no hay un único problema, sino una diversidad y en diferentes partes.
BOTONES DE MUESTRA
Una cisterna con destino a Caranavi que debía entregar 28.000 litros llegó sólo con 10.000 litros a la estación de servicio. Otro surtidor en Viacha desvió 350.000 litros a destino ilegal y un surtidor en Tumupasa, norte de La Paz, al cual se le asignaron 370.000 litros sólo distribuyó 36.000 litros en esta población.
Por otra parte, YPFB denunció el hurto de 91.000 litros de gasolina en su planta de logística, bajo cuya acusación se aprehendieron a 13 trabajadores de la estatal que operaban en la refinería de Santa Cruz, Guillermo Elder Bell.
Cuatro ejemplos de situaciones irregulares ocurridas en la última semana muestran que la distribución de combustibles al menos sufre de deficiencias en los controles, lo cual termina siendo un terreno fértil para quienes buscan hacer su negocio en la especulación, en el desvío de combustibles, en el acopio para vender más caro, entre otras razones.
La logística de distribución de combustibles desde las refinerías del país y desde los centros de almacenaje es una tarea compleja cada día.
Por otra parte, según el analista, Álvaro Ríos, “260 camiones cruzan la frontera cada día y la logística de manejar la compra, el transporte, la distribución, la mezcla con el etanol, toda la logística para abastecer todo el país cada vez es más compleja”, refiriéndose a la importación de combustibles.
LAS PROVINCIAS SUFREN
En las ciudades, donde existen decenas de surtidores, que alguno se quede sin combustible por razones de logística o de escasez, no tiene relevancia.
Sin embargo, en provincias, donde entre un surtidor y otro hay decenas de kilómetros, la falta del energético, afecta inmediatamente a los pobladores.
Uno de los casos más notorios de la última semana es la intervención de los habitantes de la norteña población de Tumupasa, en el norte paceño, donde se detectó que el único surtidor en 50 km a la redonda descargaba solo un 10% de lo que debía hacerlo, porque el resto del combustible era desviado a las minas ilegales de la zona de Caranavi y Larecaja, La Paz.
Pese a que los pobladores denunciaron, incluso aplicando el castigo comunitario del Cepo, las autoridades hasta ahora no actuaron en contra de la administración del surtidor, pese a haber un acta policial que debía ser entregado a la fiscalía, cuya autoridad tampoco actúa como debe ser, denuncian los pobladores.
En ese marco, tampoco lo hace una oficina de la ANH que se encuentra en Rurrenabaque, cuya misión, según la Constitución, es la regulación y la fiscalización de toda la cadena de los hidrocarburos.
Fuentes consultadas por Radar Energético manifiestan que al parecer a las autoridades no les interesa que se cumpla la ley, ni que que los responsables del desvío de combustibles sean castigados, y, sobre todo, que la población tenga combustible con regularidad.
La ANH se limitó a decir que el 90% del medio millón de litros desviados y detectados en los ultimos días, fue destinado a la minería ilegal del norte de La Paz, según EL DEBER.
ESCASEZ GENERA MÁS ESCASEZ
“El diésel más caro es aquel que no hay”, dice Ríos, al referirse al hecho de que, en los últimos meses, se han dado hechos de desabastecimiento en diferentes departamentos del país, debido a la limitada importación o problemas de logística en la importación.
Este hecho que se ha vuelto cada vez más recurrente, ha generado temor en la población, al extremo de que hay quienes se aprovisionan con más combustible del que necesitan, “por si acaso”.
Por otra parte, también está en meses de faena la minería, en muchos casos ilegal, antes de que lleguen los meses lluviosos y, por lo tanto, necesitan combustible para la operación de sus máquinas, el cual no es poco.
Es ahí donde entran a operar los dueños de surtidores provinciales, como el de Tumupasa, el cual tiene el mayor volumen nominal de la provincia Iturralde, de 390.000 litros, y que en cuya población se ha detectado que comercializó sólo 36.000 litros, menos del 10%.
“Son meses que sufrimos por falta de combustible, estamos hartos”, dijo Piter Martínez, dirigente de Control Social del Distrito de Tumupasa.
A todos estos hechos se suman el contrabando y el desvío de combustibles para el narcotráfico, cuyo daño es parte del problema.
